Por María Alejandra Arcila Yepes.

 

El retiro de la iniciativa de Reforma a la Ley 30 representa la necesidad de hacer una pausa en medio de los acalorados encuentros entre los estudiantes y el Ministerio de Educación Nacional, representado por la señora María Fernanda Campo.  Como respuesta a las declaraciones del Presidente Santos, quien anunció dicha decisión, se espera el regreso de los estudiantes a las aulas y el paso de un tiempo prudente para que baje la marea.
 

Los espacios de debate continúan abiertos con el objetivo de diseñar una mejor propuesta. Se deberán analizar los artículos con contenidos que puedan sugerir más de una interpretación y los que fueron omitidos de la ley de 1992. Hasta el momento las discusiones apuntan a que el proyecto no soluciona los problemas de cobertura y calidad de las instituciones de Educación Superior. No está lista una reforma efectiva.
 

Una de las principales quejas corresponde al posible favorecimiento de la privatización de instituciones de carácter público. La Presidencia de la República y el Ministerio de Educación  Nacional  aseguran que dicha reforma no implica privatización del sector. La respuesta del gobierno tranquilizó a algunos opositores, pero dejó insatisfechos a quienes, además, sueñan con una educación pública gratuita, imposible en medio de una iniciativa que más bien promueve el endeudamiento de los estudiantes. El sistema supone que el egresado inicia una vida laboral que le permite pagar la deuda. 

 

A la reforma se le celebra su intención de avance en aspectos como la innovación, la creación de redes de conocimiento, la internacionalización, la armonización de los programas educativos con modelos extranjeros  y la posible movilización de estudiantes, docentes e investigadores para especializarse en sus campos de acción. Por otro lado,  generan inconformidad decisiones tales como: la pérdida de reconocimiento del CAP (título que otorga el Sena, equivalente al que se recibe tras concluir la media académica) para ingresar a la educación superior, la diferenciación de las instituciones según el origen de sus recursos y no por aspectos relativos al conocimiento, los requisitos mínimos  que se solicitan a las universidades en cuanto al número de programas que deben dirigir para mantenerse en funcionamiento y las desventajas previstas al vincular asociaciones particulares o capital privado en instituciones públicas. Además, la reforma omite información sobre titulaciones para programas técnicos y tecnológicos, artículos que traten  el ejercicio libre y responsable de la crítica, medidas explícitas para el fortalecimiento de la investigación, multas por peculado por extensión, información sobre el servicio médico asistencial a estudiantes y posibilidades de acceder a estudios de post-doctorado.

 

A las instituciones les preocupa que el aumento presupuestal que requieren, sumado a la ampliación de cobertura, el aporte a bienestar universitario, la implementación de requerimientos tecnológicos,  entre otros, no garantice su funcionalidad y sostenimiento. Además, la idea de que las instituciones mixtas sean tratadas como instituciones privadas puede implicar intromisión directa por parte de las asociaciones aportantes. El Consejo Académico pierde autoridad y se le cede al Consejo Superior, y el ICETEX se convierte en el gran administrador de los recursos (no se incluye su normatización), mientras que la autonomía académica, administrativa y financiera de las instituciones se ve opacada por excesos normativos en los procesos.  En cuanto a los docentes de las universidades públicas, se les exige contar con estudios de maestría para poder ser vinculados. Esto podría favorecer la calidad  y, por otro lado,  dejaría a algunos profesores por fuera de las instituciones.
 

Esta reforma se ha centrado en generar propuestas de cambio y no de solución. Los puntos por discutir aún son abundantes. Debemos estar preparados para la remetida y, obviamente, hay que leerse la Ley 30 de 1992 y la  propuesta de reforma del presente año.